Los números que hablan

Desde 2023 —el año del ataque a Miguel— hasta el 30 de junio de 2025, el Ministerio de Educación ha registrado 1.807 denuncias por maltrato a adultos en la comunidad escolar. No son proyecciones, no son encuestas, son casos reales, formalizados, con nombre y lugar.

La Región Metropolitana concentra la mayor parte de estas denuncias: 416 en total, le sigue Los Lagos, con 105. No necesariamente porque allí la violencia sea más feroz, sino porque en esos territorios se ha roto el pacto del silencio, después de Miguel, muchos entendieron que callar no protege: expone.

En el otro extremo del país, las cifras se vuelven tenues:

• Aysén: 23 denuncias
• Magallanes, apenas 14.

No significa que en esos lugares no exista la violencia, significa que el acceso a la justicia sigue siendo una geografía de privilegio, las distancias, comunidades pequeñas, miedo a represalias: el silencio pesa más en el sur austral.

Detrás de cada número hay una historia como la de Miguel, un profesor que entró a clase con su cuaderno bajo el brazo y salió con la mandíbula entablillada. Un asistente que fue insultado por un apoderado y no tuvo a quién recurrir, una directiva que firmó un acta de convivencia sabiendo que no tenía recursos para hacerla cumplir.

Estos no son “incidentes aislados” como mencionó Helio Vásquez, jefe de gabinete de la Seremi de Educación de la Región Metropolitana. Son datos duros, historias reales de un sistema que, durante años, normalizó el desgaste docente como parte del oficio.

Antes de 2023, las agresiones se resolvían “dentro del colegio”. Se aplicaba una suspensión, se llamaba a los padres, se cerraba el caso. Nadie pensaba en denunciar penalmente, nadie hablaba de violencia laboral. El rol del docente se confundía con el del mártir: debía aguantar, perdonar, volver al día siguiente, el caso Niño rompió esa lógica. Demostró que un golpe en el aula es un delito, no una falta de disciplina.

El Estado ha comenzado a escuchar

Se presentó un mapeo nacional de denuncias contra estudiantes en la comunidad escolar, además de que se presentó un proyecto de ley que define la agresión a un docente como violencia laboral por terceros, se exige asistencia jurídica a las víctimas. Se obliga a los sostenedores a denunciar penalmente los hechos graves. Pero la ley no basta si no hay recursos para implementarla y no alcanza si las escuelas siguen solas, al menos así lo plantea Fabián Opazo, psicólogo infanto-juvenil, Magíster en Neurociencia.

Una denuncia no es un trámite. Es un grito, es alguien que, como Miguel, decidió que no iba a normalizar lo inaceptable. Cada punto en este mapa es una advertencia, una promesa incumplida y, sobre todo, una llamada a no volver al silencio.

“Sin consecuencias firmes, la agresión puede repetirse”, dijo Miguel con la mandíbula aún entablillada. Hoy, su frase recorre cada rincón de este mapa, porque saber dónde duele es el primer paso para sanar. De las 1.807 denuncias registradas entre 2023 y junio de 2025, solo una (la de Miguel Niño) ha terminado en condena penal.

El resto:

• No han sido judicializadas sistemáticamente.
• Carecen de seguimiento penal obligatorio.
• Dependen de la voluntad individual de la víctima para iniciar acciones legales.

La violencia contra los profesores en las escuelas ha sido históricamente invisibilizada, despenalizada y gestionada como un “problema interno”, hasta que el caso Niño rompió ese patrón.

Explora el mapa interactivo por región.
Haz clic en tu zona y descubre cuántos docentes han dicho “basta”.

Porque la convivencia escolar no se construye con silencios, sino con voces que se atreven a nombrar lo que duele.

Puedes acceder a los datos oficiales en el sitio web de la Superintendencia de Educación.