Críticas al enfoque del Proyecto de Ley de Convivencia Escolar: ¿es suficiente para abordar la violencia en las aulas?  

Algunos observadores señalan que, al centrarse casi en su totalidad en la disciplina interna de la escuela y la creación de nuevos cargos, el proyecto tiende a externalizar problemas, atribuyendo la violencia principalmente a la discriminación y factores sociales externos.

Esta perspectiva, aunque compartida por el ministro Cataldo, ha sido cuestionada por quienes argumentan que la violencia escolar es un fenómeno multidimensional que no puede ser reducido a un único factor.

Al no abordar directamente la falta de autoridad docente o los problemas de autorregulación en las familias, el proyecto corre el riesgo de instalar una serie de «máquinas» de gestión de conflictos sin modificar las conductas que alimentan estos conflictos.

Un ejemplo de esto es el de Sebastián del Canto, Coordinador Comunal de Convivencia Escolar de la Corporación Educacional de Quinta Normal, quien supervisa 22 establecimientos educativos y se encarga de que las decisiones de las comunidades educativas estén alineadas con la normativa vigente, además de acompañar frente a situaciones complejas que involucren a estudiantes o apoderados.

Para manejar episodios de violencia verbal y amenazas, tanto de estudiantes como de apoderados, la corporación cuenta con un protocolo transversal que establece cómo actuar en todos los colegios. Este incluye la inhabilitación temporal de apoderados agresivos, reemplazo por otro responsable del entorno del alumno y, si las conductas persisten, la denuncia ante la fiscalía. Del Canto destaca que estas conductas reflejan una violencia estructural ligada al contexto social y familiar de los estudiantes.

Finalmente, persisten dudas sobre la eficacia de los nuevos protocolos sin un cambio cultural previo. El proyecto exige la formación docente en habilidades socioemocionales y la vinculación con las familias, pero esto lleva tiempo y requiere un esfuerzo concertado.

Existe el temor de que, si los estudiantes siguen percibiendo una baja probabilidad de consecuencias reales por sus actos violentos, los nuevos protocolos de denuncia y procedimientos disciplinarios podrían ser ignorados.

“Siento miedo de que esto vuelva a ocurrir porque no hay protocolos claros ni protección real para los docentes; sin consecuencias firmes, culturizar agresión puede repetirse”, afirma Miguel Niño.

La experiencia internacional sugiere que la implementación exitosa de políticas de convivencia requiere un consenso social amplio y una coherencia entre las normas escolares y las expectativas de los padres y la sociedad. En este sentido, el éxito del proyecto de ley de Chile dependerá no solo de su aprobación formal, sino de la capacidad del Estado para acompañarlo con campañas de sensibilización, recursos y un verdadero cambio en la percepción pública de la figura del profesor como una autoridad respetable e inviolable.

Existen programas de prevención de violencia escolar que pueden ser efectivos si se implementan de manera coherente y adaptada al contexto local. Por ejemplo, el programa Olweus de Prevención del Acoso Escolar, aplicado en Noruega y Estados Unidos, logró reducir entre un 35% y un 45% los casos de acoso, además de aumentar la empatía entre los estudiantes y sus profesores, gracias a la participación de toda la comunidad escolar. De manera similar, el programa Escuelas Seguras/Saludables en Estados Unidos demostró que en cinco años, el 90% del personal obtuvo una disminución de la violencia en el campus y casi el 80% reportó mejoras en la seguridad comunitaria. 

Otro ejemplo es Green Dot, en Kentucky, que capacita a los estudiantes para intervenir como testigos frente a la violencia sexual, reduciendo en un 12% la victimización y promoviendo comportamientos proactivos de prevención. En Uganda, el Good School Toolkit, adaptado por la ONG Raising Voices, logró disminuir comportamientos violentos y aumentar la participación estudiantil, destacando la importancia de adecuar las intervenciones al contexto cultural y social. En conjunto, estos casos muestran que el éxito de las políticas de convivencia escolar depende de la capacitación continua, la sensibilización de la comunidad educativa, la participación activa de docentes, estudiantes y familias, y el compromiso integral del sistema escolar.

Comparación de casos de violencia escolar y políticas públicas en Chile

Para evaluar la trascendencia del nuevo marco legal, es instructivo comparar la respuesta a la violencia docente antes y después del caso Niño, examinando cómo distintos incidentes han influido en la opinión pública y en el diseño de políticas educativas.

Esta comparativa revela una evolución clara desde una gestión descentralizada y, en muchos casos, insuficiente de los conflictos, hacia un enfoque centralizado, legislativo y de largo alcance. Mientras que casos individuales como el de Andrea Romero o las agresiones posteriores en Trehuaco servían para visibilizar el problema y activar las respuestas locales o ministeriales, fue el primer veredicto penal contra un estudiante el que cristalizó el consenso de que la solución requería una reforma estructural.

Antes de 2023, la respuesta a la violencia contra los docentes variaba enormemente según el establecimiento y la región.

El caso de Andrea Romero, por ejemplo, aunque documentado y significativo, fue tratado como un incidente aislado dentro de un contexto de hostigamiento generalizado. No existió una respuesta nacional coordinada, ni se planteó una reforma legislativa de gran alcance. Las herramientas disponibles eran las previstas en la Ley N°20.536 , que tenían un carácter principalmente administrativo y no punitivo.

La violencia se gestiona internamente a través de consejos escolares o comités de convivencia, con sanciones que iban desde la suspensión hasta la expulsión, pero sin un marco claro para la denuncia penal de agresiones físicas graves. La percepción era que los profesores debían «sobrellevar» estas situaciones como parte de su rol, lo que contribuyó a un clima de resignación, normalización de la violencia y falta de protección.

Con el surgimiento del nuevo proyecto de ley, varios casos posteriores se convirtieron en referentes emblemáticos que reforzaron la urgencia de la reforma.

La agresión a una profesora en el Liceo Bicentenario de Excelencia de Trehuaco, en la región de Ñuble, en marzo de 2025, es un ejemplo paradigmático de esta dinámica. Este incidente no solo provocó una rápida respuesta ministerial, con la investigación de oficio de la Superintendencia de Educación y la presencia de autoridades regionales para apoyar a la comunidad, sino que también sirvió como un argumento, político y técnico para acelerar la tramitación del proyecto de ley.

El caso pasó a ser citado junto a otros, como el de Katherine Yoma, para sustentar la necesidad de un marco legal robusto. De esta manera, la violencia individual se utiliza para justificar una solución colectiva y de alcance nacional.

Una de las diferencias clave entre la respuesta anterior y la actual es el reconocimiento explícito de la violencia laboral.

Mientras que en el pasado las agresiones eran abordadas principalmente como un problema de indisciplina estudiantil, hoy son clasificadas formalmente como violencia en el trabajo. Esta redefinición conceptual es fundamental, ya que modifica la naturaleza de la responsabilidad institucional. Antes, el sostenedor tenía una responsabilidad moral y pedagógica; ahora, enfrenta una obligación legal concreta para con sus trabajadores, derivada del Código del Trabajo.

Esto significa que la escuela puede ser demandada civilmente no solo por el daño físico al profesor, sino también por el incumplimiento de sus deberes de seguridad. Esta distinción implica un cambio de nivel de abstracción jurídica, que transforma radicalmente el riesgo legal para los establecimientos educativos.

Por último, la comparación con iniciativas paralelas, como la moción parlamentaria impulsada desde el ámbito estudiantil, muestra una polarización de enfoques frente a la violencia escolar.

Mientras que el proyecto del Ejecutivo busca una reforma integral y multifuncional, la moción estudiantil opta por un enfoque más punitivo y focalizado, proponiendo penas de prisión mayor para agresiones a profesores . Esta propuesta, que busca eliminar la mediación penal y la suspensión condicional del procedimiento, representa una concepción de justicia más tradicional y retributiva.

La diputada de Renovación Nacional, Marcia Raphael advirtió sobre el aumento de la violencia en los colegios y su impacto en la educación: “Desde violencia como peleas, armas blancas, disparos… la verdad es que es una preocupación constante, porque va en desmedro de la calidad de la educación y sentimos que estamos en una crisis educativa que viene hace bastante tiempo, pero esto viene creciendo”.

La diferencia entre ambos proyectos es profundamente simbólica y política: mientras uno busca transformar el sistema desde sus bases (la iniciativa del Ejecutivo), el otro apunta a endurecer las reglas dentro de un sistema que aún se percibe como frágil (la moción estudiantil).

La eventual convergencia o divergencia entre estos dos enfoques en el Senado será determinante para el futuro de la convivencia escolar en Chile. En cualquier escenario, la evolución desde una respuesta fragmentada a la violencia individual hacia una reforma estructural de alcance nacional, como la que propone el proyecto de ley, marca un punto de inflexión irreversible en la política educativa chilena.

Actores clave en la convivencia escolar en Chile: Estado, colegio y sociedad civil

La reforma de la convivencia escolar en Chile no es una iniciativa unilateral del Estado, sino el resultado de un complejo interjuego de actores, cada uno con intereses, capacidades y límites distintos.

La eficacia de la futura ley dependerá de la colaboración y la adaptación de todas las partes involucradas: el Gobierno y el Congreso, los sostenedores y directivos de los colegios, los profesores, los estudiantes y la sociedad civil.

Cada uno de estos grupos tiene un rol definido en el nuevo paradigma, y sus acciones u omisiones determinarán si la ambiciosa legislación se traduce en una mejora tangible del clima escolar.

El Gobierno y el Congreso son los protagonistas de la reforma legislativa. El Ministerio de Educación ha sido el motor de la iniciativa, liderado por el ministro Nicolás Cataldo, quien ha mantenido un discurso firme y consistente sobre la necesidad de terminar con la impunidad y fortalecer la seguridad en las escuelas. 

Su gestión ha sido caracterizada por una alta agilidad en la tramitación del proyecto, lo que demuestra una voluntad política clara.

El Congreso Nacional, por su parte, ha respondido con un alto grado de consenso, especialmente en la Comisión de Educación del Senado, donde el proyecto fue aprobado en general por unanimidad. Esta unidad transversal resulta clave para superar las barreras partidistas y centradas en una problemática que afecta a toda la sociedad. Sin embargo, el Congreso también asume la responsabilidad de afinar el proyecto, como se evidencia en las sesiones de particular donde se reciben indicaciones de los senadores y se debaten las críticas de la sociedad civil.

Los sostenedores y directivos de los establecimientos pasarán a ser los principales ejecutores de la ley. El proyecto les impone obligaciones significativas, como la creación y funcionamiento del Consejo Escolar, la elaboración del Plan de Gestión de la Convivencia, designar un Coordinador de Convivencia Educativa y, esencialmente, garantizar un entorno de trabajo libre de violencia.

El principal desafío para estos actores será cumplir estas responsabilidades sin un financiamiento asegurado, lo que pone en tensión la viabilidad real de la reforma. El éxito dependerá de la capacidad de los sostenedores para disponer de recursos humanos y financieros adecuados.

La forma en que los equipos directivos asuman este nuevo rol será determinante: si se percibe como una oportunidad de profesionalización o como una carga burocrática adicional, marcará la diferencia entre una implementación efectiva y una aplicación meramente formal

El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile ha sido un aliado estratégico clave del proyecto. Su presidente, Mario Aguilar, ha valorado la iniciativa como una herramienta fundamental para enfrentar la violencia escolar, participando activamente en audiencias parlamentarias para defender aspectos centrales como el fortalecimiento de la autoridad pedagógica y la protección frente a la violencia laboral. 

“Nosotros planteamos en una de nuestras agendas cortas sobre la protección de trabajadores y trabajadoras y es parte también de lo que la ley debería entregar. Efectivamente muchas veces los sostenedores no entregan las protecciones adecuadas y no le dan a este tema la prioridad que deben tener”, señaló Aguilar.

Para la comunidad docente, la ley representa la culminación de años de lucha por la dignidad y la seguridad laboral. El éxito de la reforma será medido, en última instancia, por la percepción de los profesores sobre si sus salas de clases se vuelven realmente más seguras y respetuosas.

Asimismo, Mario Aguilar enfatiza que los colegios cumplen un rol fundamental, no solo en la capacitación de los docentes, sino también en el seguimiento y supervisión de la correcta implementación de los nuevos protocolos en todos los establecimientos educacionales.  

El rol de la sociedad civil y la comunidad educativa en la convivencia escolar

Organizaciones como Acción Educar y Fundación 2020 han participado en el debate legislativo, ofreciendo sus perspectivas y recomendaciones. Su función es actuar como árbitros y vigilantes, asegurando que la ley no se degrada en su tramitación y que se implementa de manera equitativa.

Organizaciones como Acción Educar y Fundación 2020 han participado activamente en el debate legislativo, aportando perspectivas técnicas y recomendaciones. Su función ha sido actuar como observadores críticos y garantes, velando porque la ley no se debilite durante su tramitación y que su implementación sea equitativa y coherente en todo el sistema educativo.

Asimismo, diversas campañas de concientización y programas de desarrollo socioemocional buscan generar un cambio cultural profundo en estudiantes y familias. Iniciativas como el Programa de Bienestar Socioemocional, piloteado en algunas regiones del país, apuntan a modificar actitudes y conductas desde el interior de las comunidades escolares, como ocurre en la experiencia liderada por Sebastián del Canto, Coordinador Comunal de Convivencia Escolar de la Corporación Educacional de Quinta Normal.

La violencia contra los docentes en Chile ya no puede interpretarse como una suma de episodios aislados, ni reducirse exclusivamente a un problema de convivencia escolar interna. Los testimonios recogidos, los casos emblemáticos —como el del profesor Miguel Niño— y el propio debate legislativo evidencian una crisis estructural que atraviesa a toda la comunidad educativa.

El debilitamiento de la autoridad pedagógica, la normalización del conflicto en las aulas y los vacíos persistentes en prevención, protección y acompañamiento a las víctimas han tensionado el sistema hasta un punto crítico. En este contexto, las iniciativas legales y los nuevos protocolos surgen como respuestas necesarias, pero aún insuficientes, frente a un fenómeno que revela las fisuras profundas de un modelo educativo que no ha logrado resguardar a quienes sostienen el proceso de enseñanza.

En este escenario, el desenlace no se medirá únicamente en proyectos de ley, artículos normativos o comisiones parlamentarias, sino en una pregunta concreta y urgente: si los profesores podrán volver a entrar a una sala de clases sin miedo.

La nueva era de la convivencia escolar en Chile depende de una coalición amplia de actores. El Gobierno y el Congreso han delineado el marco institucional, pero será responsabilidad de los sostenedores, los docentes y la sociedad civil completar el proceso, asegurando que las normas no queden en papel mojado y se traduzcan en cambios reales y sostenibles.

Proteger a los docentes, fortalecer el rol de las familias y reconstruir una cultura de respeto constituye hoy un desafío ético y social impostergable, del cual depende no solo la convivencia escolar, sino la credibilidad misma del sistema educativo chileno.